Violeta
Yangüela
Es
usual definir un sistema democrático a partir de la elección del gobierno por
la vía de los votos de los ciudadanos. Así se justifican. Adolfo Hitler fue elegido “democráticamente”
por vía de los votos. El dictador dominicano
Rafael Trujillo hacia elecciones “democráticas” cada cuadro años. Y es que las
elecciones son el primer requisito del sistema y ese requisito se cumple con el
ejercicio del imperio de la ley y la separación de poderes.
¿Es
Venezuela un país en democracia?
En
días recientes se celebró, una vez más, la reunión de la Organización de
Estados Americanos (OEA) en Cancún, México, en búsqueda de una resolución en
relación a la crisis de Venezuela. La propuesta que pedía reconsiderar la
Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela (la nueva Constitución de Maduro)
y respetar los derechos humanos, fracasó al no alcanzar los 23 votos necesarios
para su aprobación.
La
canciller venezolana, Delcy Rodriguez, antes de abandonar el salón como
protesta, afirmó que “nosotros no reconocemos ésta reunión como tampoco
reconocemos el resultado que de ella devenga, lo que de aquí salga, Venezuela
no lo va a avalar”.
A la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega
Díaz se le ha ocurrido rechazar el proceso de la reforma a la Constitución de
Maduro y presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad
contra la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Los nuevos representantes que serían
seleccionados para reformularla no están contemplados en la ley Constitucional
vigente.
Al
mismo tiempo la Fiscal abrió un proceso al general Gustavo González López
director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en las protestas que han
dejado más de 80 muertos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido condecorar a González
como héroe de la patria y premiarlo con un ascenso.
El
Tribunal Supremo de Justicia, además de rechazar el recurso, le ha prohibido la salida del país y sus
cuentas bancarias, bienes y propiedades han sido congelados. La Fiscal ha
recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
protección a todos los empleados del Ministerio Publico.
De
acuerdo a la legislación vigente, es la Asamblea Nacional que puede remover a
la Fiscal, pero resulta que la Asamblea está en “desacato” y sus actos son
considerados NULOS.
El
gobierno venezolano a través de su vicepresidente Tareck El Aissami acusa a la
Fiscal de dirigir un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Dice
Maduro: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida
la revolución bolivariana, nosotros iremos al combate, nosotros jamás nos
rendiremos y lo que no se puede con los votos, lo haríamos con las armas”.
¿Democracia?
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