Violeta Yangüela
En abril del 2005, con el voto de 60 de los 62
congresistas presentes, el parlamento de Ecuador decidió sustituir de sus
funciones al presidente constitucional Lucio Gutiérrez por el incumplimiento del artículo 167 de la
Constitución vigente en ese momento.
El presidente Gutiérrez había emitido un decreto para remover el
Tribunal Superior Electoral y la Corte Suprema y enfrentaba las protestas
frente al palacio del gobierno exigiendo su renuncia.
El vicepresidente Alfredo Palacio es nombrado
presidente y el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, asesor económico
de la vice presidencia del gobierno de Gutiérrez, es nombrado ministro de
Economía.
De acuerdo al informe de la Organización de
Estados Americanos (OEA) se establece
que el detonante de la crisis se produjo por la remoción de los jueces de la
Corte Suprema promovida por el presidente. Al mismo tiempo determinó que “la
amplia mayoría de los juristas y constitucionalistas consultados consideraron
que las medidas tomadas se ajustan a las disposiciones constitucionales”.
No hubo expulsión de Ecuador de la OEA y Lucio Gutiérrez
sale de Ecuador de la Embajada de Brasil vestido de policía y pasamontaña
acompañado del embajador brasileño también vestido de policía
En el 2009 Manuel Zelaya, presidente de
Honduras promueve una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución
de manera que le permitiera su reelección a pesar de la prohibición establecida
por la ley hondureña. El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la
Corte Suprema y el Congreso declaran
ilegal la consulta presidencial. Zelaya insiste en la consulta y es sacado a la
fuerza de su residencia cumpliendo órdenes del Tribunal Supremo. Es detenido y expulsado del país. El presidente
del Congreso Nacional, Roberto Micheletti es nombrado Presidente de Honduras.
La OEA con la aprobación de 33 votos a favor
emite una resolución de suspender la pertenencia de Honduras a dicho organismo.
En la actualidad Manuel Zelaya se encuentra en Tegucigalpa.
En el 2012 le toca al padrote de la Patria
Fernando Lugo. Paraguay cuenta con el ejercicio de dos juicios políticos
previos. Raúl Cubas, en 1999 y Luis González Macchi en 2003.
En total, 39 de los 43 senadores presentes
votaron a favor de la destitución de su cargo de presidente de Paraguay. Dice
el artículo constitucional 225: “Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría
absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara
de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de
sus cargos”. Dice Lugo que “es un
golpe de Estado parlamentario en el que los argumentos para un juicio político
no tienen ningún valor”. Fernando Lugo permanece en Paraguay.
El vicepresidente, ahora nuevo presidente,
Federico Franco, afirma que “no ha habido un golpe de Estado en su país y si un
respeto irrestricto a las leyes que permiten hacer un cambio cuando la
situación se produce inviable”. Toma
prestadas las palabras del fundador de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte,
para decir “Paraguay es soberano, libre e independiente”.
Ahora le llaman golpe de Estado parlamentario.
¿Se puede saber para qué incluir en la
Constitución el juicio político parlamentario de los presidentes electos? ¿No
se supone que es el ejercicio del equilibrio de los tres poderes del sistema
del estado republicano?
El rechazo a la decisión del Congreso de
Paraguay de los gobiernos vecinos no se ha hecho esperar.
¿Acaso
son tiempos de poner las barbas de algunos de los presidentes vecinos en
remojo?
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